Somos pueblo organizado en la Asamblea Nacional Permanente.
Venimos de Artigas, Canelones, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Florida, Paysandú, Rivera, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado, de barrios urbanos y rurales de Montevideo. Venimos de cada rincón del país.
Nos convoca la imperiosa necesidad de defender nuestro territorio y nuestra soberanía.
Marchamos unidos para defender el agua, la tierra y los bienes naturales
No respondemos, ni somos la voz, de ningún partido político.
Nuestra lucha, no es sólo ambiental. Rechazamos el modelo de desarrollo, saqueador y contaminante que se ha impuesto en esta tierra que no diversifica la producción, que reprimariza la economía y nos perpetúa como exportadores de materias primas, que agota la tierra, que contamina el agua, que amenaza privarnos de bienes naturales no renovables, que vacía el campo, y que al contrario de lo que se dice, elimina puestos de trabajo.
Este modelo que rechazamos, beneficia únicamente al capital transnacional y sus cómplices nacionales.
Vemos con preocupación e indignación como hoy….
• las empresas multinacionales – de la forestación y la fabricación de pasta de celulosa, las que promueven los cultivos transgénicos y el negocio de los agrotóxicos, los grupos de inversión que concentran las tierras productivas, y los especuladores inmobiliarios – nos están dejando la tierra devastada, envenenada, y extranjerizada;
• la salvaje invasión de nuevos megaproyectos devastadores – como la minería a cielo abierto que amenaza a casi todos los departamentos, el puerto de aguas profundas en El Palenque a pocos kilómetros del Cabo Polonio, el puerto multipropósito y regasificadora en Puntas de Sayago, el puerto maderero de La Paloma – profundiza nuestra dependencia económica y política, socava nuestra soberanía, nos desplaza de nuestra propia tierra, y aumenta los cinturones de pobreza y de exclusión;
• estamos sufriendo los efectos de la contaminación del agua que consumimos en todo el territorio, que está gravemente comprometida por los agrotóxicos, porque se fumiga indiscriminadamente sobre fuentes de agua dulce y sobre áreas pobladas.
DENUNCIAMOS
Denunciamos la degradación de los ríos Santa Lucía y el Canelón Chico así como de la Laguna del Cisne, que abastecen de agua corriente a Montevideo y Canelones.
Denunciamos las enfermedades producidas por la contaminación del agua que ya están afectando a los pobladores de las inmediaciones de Laguna del Cisne, a escuelas rurales y centros poblados de Soriano, Canelones, Tacuarembó, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rocha y San José.
Denunciamos el vertido del lodo contaminado en La Paloma, que se hace a metros de la Playa La Aguada, igual a lo que se hizo este año con el dragado del Puerto de Montevideo, cuando la multinacional contratada vertió el lodo contaminado a metros de Playa Ramírez.
Denunciamos el avance del cultivo de soja transgénica en la zona rural de Montevideo, en particular, en el área de Pajas Blancas, muy próximo tanto a escuelas como a alta concentración de población circundante.
Denunciamos que los megaproyectos consumen grandes volúmenes de agua y el gobierno la pone a disposición de las transnacionales en forma gratuita.
Denunciamos el vaciamiento del campo, la desaparición de pequeños y medianos productores familiares agrícolas, lecheros, apicultores y ganaderos debido a la concentración y extranjerización de la tierra, al encarecimiento del precio de la tierra en manos de especuladores, y a los monocultivos forestales y de transgénicos.
Denunciamos que la tierra, la calidad del agua, así como la salud de la población, están amenazados por la búsqueda de gas e hidrocarburos, que serán explotados mediante fracking, una forma de extracción altamente contaminante, que ha sido prohibida en otras partes del mundo.
Denunciamos la nueva ley de Minería de Gran Porte que el gobierno acaba de aprobar en Diputados, que está hecha para favorecer empresas como Aratirí, que no permitirá controlar efectivamente las utilidades que declaran dichas empresas.
Denunciamos que esta ley, así como los Tratados y Contratos de Protección de Inversiones, y las cláusulas de confidencialidad firmados por el gobierno, entregan nuestra soberanía, porque los conflictos con las multinacionales serán juzgados en cortes de justicia privadas y extranjeras.
Denunciamos la presión inmobiliaria especulativa y la privatización de tierras fiscales mediante la venta de parques, playas, y sitios históricos a empresas privadas para la construcción de hotelería cinco estrellas, de chacras marítimas de alto precio o para la instalación de emprendimientos económicos orientados por el lucro.
Denunciamos que en la costa de Canelones, con el aval del gobierno municipal, se aumentó desproporcionadamente la contribución inmobiliaria haciéndola impagable para las familias humildes que allí residen y también se quiso privatizar el Parque Roosevelt, lo cual fue resistido exitosamente por los vecinos.
Denunciamos que en Rocha, la Intendencia Municipal a través de sus planes de ordenamiento territorial, pone la costa rochense como una posibilidad inmobiliaria para chacras marítimas o emprendimientos de lujo, con la consiguiente extranjerización de la misma, como es el caso del padrón 1645, Parque Reserva Forestal ubicado entre Valizas y Aguas Dulces.
Denunciamos la intención de ubicar una planta aceitera en La Agraciada, departamento de Soriano, vinculada al negocio sojero y a capitales extranjeros, donde además, hubo funcionarios del organismo de control estatal (Dirección Nacional de Medio Ambiente) que simultáneamente actuaron como gestores de la empresa.
Denunciamos que en algunas zonas, la presión del uso de suelo para el acopio de las industrias, ha convertido zonas rurales en depósitos de contenedores, igual que se pretende con la anunciada construcción del puerto multipropósito de Puntas de Sayago.
Denunciamos la criminalización de la protesta y la lucha, como se hizo en La Paloma, y en la Suprema Corte de Justicia cuando la remoción de la jueza Motta.
Denunciamos como responsables del saqueo al capital, que busca el mayor lucro rápido a cualquier costo, y a todos los partidos políticos que desde 1985 empezaron a firmar los tratados y contratos de inversiones, posibilitando la entrada a los emprendimientos extractivos expoliadores.
Denunciamos el IIRSA como un plan que hace posible el saqueo de nuestros bienes naturales, así como a diferentes gobiernos, cómplices de las empresas transnacionales, que crean las leyes y la infraestructura necesarias para llevarlo a cabo.
Denunciamos que frente a estos graves problemas – que vienen siendo alertados desde hace muchos años – este gobierno, en complicidad con todo el sistema político, las instituciones del Estado, y los grandes medios de comunicación, ocultan información, tergiversan los hechos y minimizan su gravedad e impacto en la sociedad.
HOY Y AQUÍ EXIGIMOS
Que las comunidades afectadas, así como todo el pueblo, sean informados sobre los alcances actuales y futuros de todas las decisiones que afectan y afectarán de modo irreversible nuestro modo de vida, para así resolver en qué país queremos vivir, y qué dejaremos a las generaciones futuras.
Que se haga efectiva la aplicación del artículo 47 de la Constitución que declara: “Los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado. Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente”.
Que se respete efectivamente el resultado del plebiscito constitucional por el agua, aprobado por el 64.7% de la población, que declaró al agua un derecho humano fundamental, “anteponiéndose razones de orden social al orden económico”.
Que teniendo en cuenta los daños ya provocados por las fumigaciones, se castigue a los contaminadores y se modifique radicalmente la normativa vigente, que nos hace víctimas del envenenamiento con agrotóxicos.
Que paren ya, la entrega de la tierra y los bienes naturales del territorio, a la inversión extranjera que saquea nuestras riquezas.
Que no se privaticen más áreas de uso público.
Que el Instituto Nacional de Colonización entregue sin más demora la tierra pedida por UTAA de Bella Unión departamento de Artigas, por el OSDOR del departamento de Paysandú y otros sindicatos rurales, a los miles de trabajadores asalariados rurales que luchan para salir de la zafralidad y ser dueños del fruto de su trabajo.
Que se devuelva la tierra a Don Ney Thedy, se le compense por estos dos años de trabajo perdidos, y se le restituya el ganado que dejaron morir y permitieron robar.
Que se reparen los daños económicos causados a las familias expulsadas por culpa de las mineras de las tierras que arrendaban, como el caso de la familia Presa-Perugorría de Cuchilla Grande del departamento de Florida.
Que el estado uruguayo ratifique a la brevedad el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
REAFIRMAMOS QUE EL AGUA, LA TIERRA, Y TODOS LOS BIENES NATURALES, NO
SON UNA MERCANCÍA MÁS.
¡NO A ARATIRÍ Y A LA MINERÍA CONTAMINANTE!
¡NO A LAS MEGA PLANTACIONES DE EUCALIPTOS Y PINOS!
¡NO A LA PRODUCCIÓN DE TRANSGÉNICOS!
¡NO AL USO DE AGROTÓXICOS!
¡NO MÁS EXPULSIONES DE LA TIERRA!
¡NO A LOS TRATADOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y LOS CONTRATOS CON
CLÁUSULAS SECRETAS!
¡NO A LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA! ¡NO A LA CONTAMINACIÓN
DEL AGUA QUE BEBEMOS!
DECIMOS SÍ:
¡SÍ A LA RESISTENCIA ORGANIZADA Y AL DERECHO INALIENABLE DE HACER
NUESTRO DESTINO!
¡SÍ A LAS INICIATIVAS POPULARES EN LOS DEPARTAMENTOS ORGANIZADOS DE
TACUAREMBÓ, LAVALLEJA, RIVERA Y TREINTA Y TRES, PARA IMPEDIR LA INSTALACIÓN DE LA MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO!
¡SÍ AL DESARROLLO RESPONSABLE EN EQUILIBRIO CON LOS BIENES NATURALES!
¡SÍ A LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL Y EL TURISMO
EN LA COSTA OCEÁNICA Y EN NUESTROS RÍOS!
¡SÍ A LA APICULTURA, LA GANADERÍA, Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE PRIMERA CALIDAD!
¡SÍ A LOS TRABAJADORES RURALES Y LOS PRODUCTORES FAMILIARES AFINCADOS EN LA TIERRA! ¡SÍ AL REGRESO DE LA FAMILIA RURAL A SU MEDIO Y CADA VEZ CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA!
¡SÍ A UN TERRITORIO UNIDO, SIN FALSAS SEPARACIONES ENTRE INTERESES URBANOS Y RURALES!
Escuchen bien gobernantes, escuchen bien instituciones financieras que recetan neoliberalismo, capitales especulativos que lucran con nuestra riqueza: este pueblo es soberano y exige respeto.
¡NO NOS DEJAREMOS ROBAR NUESTRO DESTINO! ¡NO VENDEREMOS EL RICO
PATRIMONIO DE LOS ORIENTALES AL BAJO PRECIO DE LA NECESIDAD!
¡Comunidad somos nosotros!
¡Pueblo somos nosotros!
Por eso con voz fuerte y firme convicción decimos a todos los habitantes de este territorio: es tiempo de defender lo nuestro sin claudicar.
El plan está ahí, a la vista… Dueños somos de seguir adelante hacia el abismo, o crear nuestro propio camino, para nosotros y nuestros hijos.
Nuestra es la iniciativa, pues como dijo Artigas, “NADA DEBEMOS ESPERAR SINO DE
NOSOTROS MISMOS.”
EL AGUA Y LA TIERRA NO SE VENDEN... ¡SE DEFIENDEN!
