viernes, 2 de diciembre de 2011

MINERÍA. JUICIO CIUDADANO


Informe Preliminar

Nos encontramos ante ustedes para presentar el informe preliminar al que arribamos en este proceso. Primero que nada debemos aclarar que no tenemos un veredicto, en el sentido que muchos esperan. No era ese el objetivo de este proceso. Lo que sí tenemos es un camino, un conjunto de saberes y prácticas que podemos brindarle a la sociedad para la resolución de conflictos. Intentamos sumar la mayor diversidad de voces y perspectivas, fue así que tuvieron su lugar la academia, la clase política y los implicados.

La integridad del proceso democrático consta de tres partes, la participación, el debate público y la decisión eficaz, en un delicado equilibrio que no genere discusiones interminables y estériles, pero que tampoco quede urgido por la inmediatez de los tiempos económicos, sobre todo en decisiones de este tipo.

En el entendido de que la vida en comunidad es un conflicto permanente, que la calidad de la convivencia está en los modos de gestionar el mismo y teniendo en cuenta que para que sean productivos los debates deben cumplir con tres virtudes básicas:tolerancia y respeto activo por el otro, capacidad de asumir un punto de vista imparcial, y la posibilidad de revisar la propia posición.

Tratando en todo momento de no usar vocabulario tendencioso, sin manipular la información, discutiendo argumentos sin atacar a las personas y suponiendo la honestidad intelectual de los que sostienen una opinión contraria.

Este juicio ciudadano fue un proceso deliberativo, de participación ciudadana que duró 4 meses, en los cuales se hicieron reuniones mensuales extensas, donde recibimos diversa información de diferentes técnicos, especialistas en diferentes áreas vinculadas al tema en cuestión: minería a cielo abierto. En estas reuniones preparatorias seguimos un procedimiento de trabajo que constó de subgrupos, rondas de exposición de ideas, de lectura de material, y exposiciones de algunos integrantes del Panel Asesor (cuya función era legitimar el proceso y el balance de la información). A lo largo de estas reuniones, y a través de comunicación vía email (intercambiando materiales), fuimos elaborando una serie de preguntas, a ser respondidas por los expertos e implicados en la temática, quienes fueron invitados a la instancia final abierta al público. Ésta se realizó el 26 y 27 de noviembre de 2011, en donde recibimos respuestas en los siguientes cuatro bloques temáticos: (1) Minería, explotación de recursos naturales y desarrollo; (2) Situación actual de la minería en Uruguay; (3) Aratirí o emprendimientos similares en la zona; y (4) Resolución de conflictos y participación ciudadana.

Es importante aclarar que la connotación de “juicio” se refiere a la construcción de opinión a partir de argumentos, y no al sentido legal del término. Es por esto que se trató de un juicio ciudadano “sobre” la minería a cielo abierto, y no un juicio “a” la minería, ya que aquí no se estuvo juzgando esta actividad productiva. Por el contrario, se estuvo construyendo una mirada reflexiva, a partir de información balanceada, desde antes de la primera reunión de trabajo hasta la instancia final abierta al público. En ésta última, si bien contamos con la presencia de muchos expertos e implicados, lamentamos la ausencia de algunos actores políticos, representantes de las empresas mineras y de sus sindicatos de trabajadores, que hubiesen dado otra visión interesante, enriqueciendo y balanceando la instancia final.

Algunos actores políticos nos enviaron sus respuestas por escrito, lo cual fue muy valorado pero notamos que las exposiciones orales aportaron más dinamismo y la posibilidad de hacer nuevos aportes, despertar nuevas reflexiones y preguntas. La mayoría de las preguntas fueron respondida por varias personas, quienes tenían la posibilidad de vincular y/o comparar su exposición con la de los anteriores. Además, en algunos casos, el tiempo permitió que realizáramos otras preguntas que fueron disparadas durante las exposiciones.

En este proceso aprendimos a participar, a debatir, a cuestionar y a escuchar diferentes posturas y enfoques, las cuales nos enriquecieron como personas.

Todo esto se realizó en un ámbito de respeto, a pesar de las diferencias entre nosotros, los panelistas. También aprendimos a trabajar de forma ordenada y estructurada.

Ciudadanos de todo el país tuvieron la posibilidad de hacer llegar sus inquietudes a través de la página web (http://www.juiciociudadano.org/mineria/), las que nosotros recogimos para incorporarlas en la serie de preguntas. A pesar de esto, nos preocupa la escasa respuesta que tuvo la ciudadanía frente a esta oportunidad, lo que nos lleva a reflexionar de si hay una apatía a involucrarse en procesos de participación.

Si bien algunos ciudadanos que participaron de la instancia final, nos sugirieron realizar una mayor difusión en futuros juicios ciudadanos, debemos decir que hubo grandes esfuerzos de parte del equipo organizador y del mismo panel en llegar a los medios de comunicación y prensa. Tuvimos respuestas de pocos medios. El escaso interés encontrado en la mayoría de estos medios es percibido por nosotros como una limitante a la hora de convocar e informar al resto de la población, privándola de los beneficios que recogimos a través de este rico proceso, como el aprendizaje sobre el mecanismo participativo y sobre la temática en cuestión.

Consideraciones preliminares

Con estos supuestos teóricos trabajamos durante varias jornadas y llegamos a algunos consensos básicos que queremos transmitirles y que esperamos sirvan de insumo y de inspiración para otros ciudadanos que se quieran implicar en la vida del país, tratando en todo momento de salir del medio de posiciones maniqueas y fundamentalistas en uno o en otro sentido.

- Fue opinión unánime de todos los especialistas e implicados de prácticamente todas las áreas del conocimiento consultadas, que no existe o no se conocen en el país hasta el momento un plan o estrategia de desarrollo de corto y mediano plazo que permita en base a sus metas, decidir cuales inversiones se adaptan o no a nuestro país. Que, si existen planes, ellos son sectoriales y sin la imbricación necesaria que evite que se superpongan o se anulen entre si.

- Entendemos que el desarrollo debe ser medido en las múltiples dimensiones de la vida y no solo en términos de aumento de PBI. Coincidiendo con el enunciado de que el objetivo del desarrollo es crear un ambiente que permita que las personas disfruten vidas largas saludables y creativas. En este sentido proponemos la implementación de trabajos estadísticos sobre cuáles son las dimensiones del desarrollo que le interesan a los uruguayos.

- Que en consonancia con esto, no hay en la mayoría de las disciplinas conexas, estudios de línea de base que les permita a los tomadores de decisiones hacer los cálculos de pérdidas y ganancias. No hay antecedentes a gran escala en Uruguay sobre cómo restaurar o evitar que se dañen ecosistemas y biosistemas de los cuales no tenemos cabal idea de cómo funcionan. Que no hay en el país, por variados motivos, la cantidad y calidad de especialistas para monitorear y hacer cumplir los procesos , y que ésta situación la podemos extrapolar a cualquier inversión o emprendimiento de esta magnitud que se pudiera instalar en el futuro en el país.

- Seguramente esta omisión de planes, estudios y demás nos inhabilite para marcarles a las empresas privadas normas de cuidado ambiental precisas. Por ejemplo el hecho de no tener estudios geológicos, entre ellos un mapa con la suficiente precisión para tener idea del potencial minero que se posee. O valorar la posibilidad de esperar a que el desarrollo tecnológico permita extraer el recurso hierro con menor impacto socioambiental. Cualquier alternativa requiere conocimientos precisos de los antecedentes y de los fines a alcanzar.

La existencia del recurso está asegurada, por lo que en este caso no hay “ventana de oportunidad” que se pueda cerrar. En nada afecta la imagen de país serio prepararse de forma adecuada.

- Debieran crearse inmediatamente comisiones ad hoc sobre cada tema con los mejores expertos, con tiempo y recursos suficientes, para generar insumos para los tomadores de decisiones. Conjuntamente con mecanismos de participación ciudadana como este juicio ciudadano u otros similares.

- Ante los enormes impactos ambientales que este tipo de emprendimientos pudiera acarrear es menester estudiar y legislar sobre delitos ambientales y convalidar el rol de los seguros ambientales.

- Que estos modelos o guías del desarrollo debieran contar con el más alto consenso ciudadano a los efectos de que una vez aceptados se puedan minimizar los perjuicios para los que en una dirección o en otra resulten perjudicados por los cambios. En ese sentido el estado debe velar porque estos procesos de decisión ciudadana trasciendan el ámbito de la democracia participativa y debe realizar los mayores esfuerzos por construir opinión informada de la mayor cantidad de ciudadanos posibles. En la forma más amplia, participativa y transparente.

- Que el país debe volver a la sana práctica de generar políticas, haciendo una planificación evolutiva, pensando con “las luces largas”, aún sabiendo que no se puede ver el futuro, pero que la participación informada de la sociedad en conjunto con los expertos darán mayores garantías sobre las decisiones que nos competen a los actuales y a los futuros ciudadanos.

- Que existe un consenso básico entre los partidos políticos de que se deberían preservar buena parte de los fondos para las generaciones futuras, dado que se trata de un recurso no renovable que pertenece a los uruguayos actuales y futuros, por lo que no se deberían beneficiar únicamente la generación actual.

- Que varias de las agencias gubernamentales no nos dieron suficientes respuestas ante los requerimientos del panel ciudadano. Con algunas excepciones, las autoridades faltaron a la hora de darnos elementos de juicio.

- Que si bien hay legislación sobre el tema, la misma no es suficiente y además la falta de reglamentación hace que sea inoperante en muchos casos. Por ejemplo existe un plan de ordenamiento territorial que no ha sido tenido en cuenta a la hora de la planificación. En este sentido es importante el empoderamiento de la población de la zona que conozca sus derechos para poder ejercerlos.

- Que las comisiones de seguimiento deberían ser eminentemente técnicas, independientes del poder político, operativas y remuneradas.

- Según el representante del PIT CNT no hay normativa específica en el país para emprendimientos de este tipo para dar debida protección a los trabajadores del sector. Recomendamos en esa línea reglamentar el convenio 176 de la OIT sobre Minería.

- Que el país debiera ser cuidadoso en el caso de negocios o actividades en materias de tan alto impacto y tan volátiles como esta. Vimos además, que la experiencia internacional indica que es complejo generar cadenas de valor a partir del recurso y menos en períodos de tiempo relativamente cortos como el planteado (entre 12 y 20 años). Y además el hecho de que el hierro que hay en Valentines sea de baja concentración, hace que ante cualquier cambio en el escenario internacional que permita un fácil acceso a otros hierros más ricos, nos deje fuera de competencia.

- Que vemos como positivo los esfuerzos de las autoridades en el sentido de establecer un régimen impositivo específico para los emprendimientos de gran porte, que asegure tasas efectivas de naturaleza progresiva vinculadas a la rentabilidad del negocio.

En el análisis que hicimos de la solicitud de impacto ambiental previo que Aratirí presentó ante la DINAMA, se encuentran algunos aspectos controvertibles que queremos destacar: - que entre otros detalles hay demasiadas contradicciones e imprecisiones a la hora de definir la superficie a ocupar por las diferentes componentes del proyecto.

- que no hay estudio de riesgo integral para las maniobras de los buques en la terminal portuaria. Que según se dice en el informe en los trabajos de dragado se estaría removiendo algún tipo de arcilla debajo de la arena, la cual no se asegura que sea dispersada por las corrientes. No está suficientemente estudiada la dinámica acuática una vez instalado el muelle de atraque. No está prevista la construcción de una planta de tratamiento de aguas para el emisor del mineroducto.

- que no hay ninguna previsión en cuanto al costo del agua.

- que no se presentó informe de impacto arqueológico.

- que no están suficientemente aclaradas las implicaciones del mayor consumo de energia destinado a la planta, el costo de generación de dicha energía, y su influencia sobre la inflación y las tarifas eléctricas.

A modo de conclusiones preliminares:

Por lo visto entendemos que el Uruguay se debe una discusión en profundidad, con la más alta participación y el mayor nivel técnico posible a los efectos de decidir sobre éste y otros proyectos de inversiones. Esta discusión no se hizo antes de la instalación de las pasteras, ni de la forestación, ni de las plantaciones masivas de soja, por lo que es imperioso fijar las pautas lo antes posible.

Agradecimientos:

Agradecemos a la UdelaR por la organización de este juicio ciudadano como herramienta de participación deliberativa, fundamental y en particular a los organizadores que llevaron a cabo el proyecto. En este sentido entendemos fundamental institucionalizar instancias de participación ciudadana.

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