Cabe recordar que el próximo 1° de noviembre prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos cometidos por los militares durante la dictadura (1973-1985).
Luego de ásperas y duras acusaciones de ambos lados, los partidos de derecha votaron en bloque contra la ley, entendiendo que es anticonstitucional.
El presidente Mujica dijo que no usará la facultad del veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre. De ser así, nos encaminamos lentamente a dejar de ser una república bananera.
Es muy importante y compartimos totalmente la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey.
Consultado por la prensa dijo que: los dos plebiscitos que ratificaron la Ley de Caducidad, en 1989 y 2009, "se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática", pero que: "los derechos humanos no están a disposición de las mayorías", sino que "son derechos de las minorías" y, por lo tanto, deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías".
Nosotros pensamos que los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no pueden ser sometidos a consulta popular. Estos derechos deben ser respetados y están por encima de cualquier consideración popular. Suponiendo que nuestro pueblo tenga apenas una pequeña mayoría afín a una ideología neonazi o fascista, esto no justifica la impunidad para los responsables por los crímenes, torturas y desapariciones.
VERGÜENZA PARA EL URUGUAY Y SU CLASE POLÍTICA
Todo este asunto ha sido muy mal manejado por parte de toda la clase política. No es posible que luego de 26 años, todavía no se haya resuelto definitivamente el tema de los desaparecidos y el juzgamiento de todos los responsables.
No es posible que se le tome el pelo a los familiares de los desaparecidos haciendo agujeros aquí y allá, para ver si por obra de la casualidad aparece algún cuerpo enterrado. ¿A qué estamos jugando, al gato y al ratón?
No es posible que el Comandante Bonilla diga que es probable que los militares nieguen información por temor a ir presos, si se anulaba la prescripción. ¿Dónde está la autoridad?
No es posible que haya coroneles retirados, que al igual que el Papa, nunca trabajaron en su vida, y que gozando de excelentes jubilaciones que paga Juan Pueblo, salgan a la prensa a amenazar y vociferar.
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